ANÁLISIS
PRESUPUESTARIO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE.
Esta
entrada corresponde a la actividad planteada por el profesor M. Menéndez en la
asignatura Instituciones políticas e instituciones administrativas, en ella
debíamos plantearnos la siguiente cuestión con alguna institución: ¿Cuál es
el tamaño ideal de la composición personal de una institución con el objetivo
de atender a sus fines con integridad?
Para este caso me he decido analizar la composición
de la Diputación de Alicante, dados los debates que en la actualidad hay acerca
de la necesidad de mantener estas instituciones.
Con
una larga trayectoria histórica, desde la Constitución de 1812, las
diputaciones son las instituciones de gobierno de la provincia. Su principal
función es gestionar los intereses territoriales de donde se encuentran. Cuyas
actividades fundamentales de las diputaciones son:
·
Cooperación, asistencia y coordinación
entre los municipios.
·
Cooperación y asistencia en la
prestación de los restantes servicios.
·
Prestación de servicios de carácter
supramunicipal.
·
Fomento, planificación y administración
de los intereses de la provincia.
·
Cooperación en el desarrollo económico y
social impulsado por otros entes territoriales.
Su
composición actual viene fijada en el
art. 204 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General. El número de diputados por provincia se establece en función de la
población y son repartidos atendiendo al sistema d’Hondt, de una manera indirecta:
·
Hasta 500.000 habitantes: 25 diputados.
·
Desde 500.001 a 1.000.000 habitantes: 27
diputados.
·
Desde 1.000.001 a 3.500.000 habitantes: 31
diputados.
·
Más de 3.500.000 habitantes: 51 diputados.
Resulta
llamativo que esta estructura no sea igual para todo el territorio del Estado
Español. En las comunidades autónomas de una sola provincia sus funciones son
asumidas por la estructura autonómica. Además existen regímenes especiales para
el País Vasco, Navarra, Islas Baleares e Islas Canarias que cuentan con otro
tipo de entes locales (cabildos, consejos insulares y diputaciones forales).
Atendiendo
al criterio de la pregunta lanzada por el profesor Menéndez, además de los
diputados en estas instituciones trabajan funcionarios, trabajadores eventuales
(asesores políticos) y personal laboral. La Diputación de Alicante está compuesta
por 31 diputados, 46 asesores, 12 trabajadores laborales y 1309 funcionarios.
Actualmente,
hay 141 municipios en la provincia de Alicante lo que significa que por cada
municipio hay 10 personas trabajando en la Diputación de Alicante. Otro dato
muy llamativo es que la partida presupuestaria dedicada a gastos de personal es
la más alta, concretamente representa un 32% del total del presupuesto[1],
para este año 2013. Si a esto le sumamos los gastos financieros y los gastos en
activos y pasivos financieros, nos quedaríamos con que tan solo el 50% del presupuesto
se utiliza para realizar inversiones, realizar transferencias a otras entidades
locales y prestar servicios.
Esto
supone que en torno al 79% de las transferencias que recibe la diputación del estado
y la comunidad autónoma se dedican a pagar salarios y operaciones bancarias.
Por ello se ven obligados a que el 36% de los ingresos totales estén conformados,
casi exclusivamente, por tasas, impuestos y otros tributos.
La
situación en el resto de diputaciones parece similar en cuanto a la
distribución del presupuesto. Actualmente, existe un debate político sobre la
idoneidad de estas instituciones, algunos partidos políticos optan por eliminar
estas instituciones y otros por darles mayor funcionalidad.
En
el seno del debate se sitúa la cuestión de la autonomía municipal, el malgasto
de recursos y el principio de subsidiariedad. El 85% de los municipios en
España están compuestos por menos de 5000 habitantes, es este el principal argumento que justifica, en la actualidad, la existencia de las diputaciones.
En
mi opinión, las funciones que se le atribuyen a las diputaciones podrían verse
cumplidas por otros entes intermunicipales o autonómicos. De hecho en algunas
ocasiones existen duplicidades con otras administraciones. Los servicios y
funciones que ofrecen las diputaciones suelen estar relacionados con el
abastecimiento de aguas, el tratamiento de residuos, actividades culturales,
extinción de incendios, control hacendístico o promoción de las comunicaciones
en la provincia.
Las
diputaciones nacieron con una función meramente asistencial, y la realidad es
que la obligación de proximidad a la ciudadanía impide a la diputación ser el
ente idóneo para tales fines. Muestra evidente es la conformación de otras
instituciones intermunicipales como mancomunidades y comarcas, para ofrecer
mejor calidad en el servicio a la ciudadanía. Así mismo, considero que otros
servicios de un carácter no tan cercano a la ciudadanía (comunicaciones viales,
información y estadística) deberían ser asumidos por entes estatales o
regionales.
RECURSOS
UTILIZADOS
- Fernández Farreres, G. (5, junio 2004). La aplicabilidad de la Ley general de subvenciones a las entidades locales y, en particular, a las diputaciones provinciales de sus competencias de cooperación económica a los municipios. Cuadernos de Derecho Local (QDL) , 7-33.
- Torres Cobas, F. (2, junio 2003). La autonomía local en España en los albores del siglo XXI. Cuadernos de Derecho Local (QDL) , 78-99.
- Zafra Víctor, M. (27, octubre 2011). El debate sobre la supresión o reforma de las diputaciones provinciales en España. Cuadernos de Derecho Local (QDL) , 91-99.
- http://www.dip-alicante.es/documentacion/dip_presupuesto.asp
