LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES EN ESPAÑA

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE.

Esta entrada corresponde a la actividad planteada por el profesor M. Menéndez en la asignatura Instituciones políticas e instituciones administrativas, en ella debíamos plantearnos la siguiente cuestión con alguna institución: ¿Cuál es el tamaño ideal de la composición personal de una institución con el objetivo de atender a sus fines con integridad?

Para este caso me he decido analizar la composición de la Diputación de Alicante, dados los debates que en la actualidad hay acerca de la necesidad de mantener estas instituciones.

Con una larga trayectoria histórica, desde la Constitución de 1812, las diputaciones son las instituciones de gobierno de la provincia. Su principal función es gestionar los intereses territoriales de donde se encuentran. Cuyas actividades fundamentales de las diputaciones son:

·                    Cooperación, asistencia y coordinación entre los municipios.

·                    Cooperación y asistencia en la prestación de los restantes servicios.

·                    Prestación de servicios de carácter supramunicipal.

·                    Fomento, planificación y administración de los intereses de la provincia.

·                    Cooperación en el desarrollo económico y social impulsado por otros entes territoriales.

Su composición actual viene fijada en el art. 204 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. El número de diputados por provincia se establece en función de la población y son repartidos atendiendo al sistema d’Hondt, de una manera indirecta:

·                    Hasta 500.000 habitantes: 25 diputados.

·                    Desde 500.001 a 1.000.000 habitantes: 27 diputados.

·                    Desde 1.000.001 a 3.500.000 habitantes: 31 diputados.

·                    Más de 3.500.000 habitantes: 51 diputados.

Resulta llamativo que esta estructura no sea igual para todo el territorio del Estado Español. En las comunidades autónomas de una sola provincia sus funciones son asumidas por la estructura autonómica. Además existen regímenes especiales para el País Vasco, Navarra, Islas Baleares e Islas Canarias que cuentan con otro tipo de entes locales (cabildos, consejos insulares y diputaciones forales).

Atendiendo al criterio de la pregunta lanzada por el profesor Menéndez, además de los diputados en estas instituciones trabajan funcionarios, trabajadores eventuales (asesores políticos) y personal laboral. La Diputación de Alicante está compuesta por 31 diputados, 46 asesores, 12 trabajadores laborales y 1309 funcionarios.

Actualmente, hay 141 municipios en la provincia de Alicante lo que significa que por cada municipio hay 10 personas trabajando en la Diputación de Alicante. Otro dato muy llamativo es que la partida presupuestaria dedicada a gastos de personal es la más alta, concretamente representa un 32% del total del presupuesto[1], para este año 2013. Si a esto le sumamos los gastos financieros y los gastos en activos y pasivos financieros, nos quedaríamos con que tan solo el 50% del presupuesto se utiliza para realizar inversiones, realizar transferencias a otras entidades locales y prestar servicios.

Esto supone que en torno al 79% de las transferencias que recibe la diputación del estado y la comunidad autónoma se dedican a pagar salarios y operaciones bancarias. Por ello se ven obligados a que el 36% de los ingresos totales estén conformados, casi exclusivamente, por tasas, impuestos y otros tributos.

La situación en el resto de diputaciones parece similar en cuanto a la distribución del presupuesto. Actualmente, existe un debate político sobre la idoneidad de estas instituciones, algunos partidos políticos optan por eliminar estas instituciones y otros por darles mayor funcionalidad.

En el seno del debate se sitúa la cuestión de la autonomía municipal, el malgasto de recursos y el principio de subsidiariedad. El 85% de los municipios en España están compuestos por menos de 5000 habitantes, es este el principal argumento que justifica, en la actualidad, la existencia de las diputaciones.

En mi opinión, las funciones que se le atribuyen a las diputaciones podrían verse cumplidas por otros entes intermunicipales o autonómicos. De hecho en algunas ocasiones existen duplicidades con otras administraciones. Los servicios y funciones que ofrecen las diputaciones suelen estar relacionados con el abastecimiento de aguas, el tratamiento de residuos, actividades culturales, extinción de incendios, control hacendístico o promoción de las comunicaciones en la provincia.

Las diputaciones nacieron con una función meramente asistencial, y la realidad es que la obligación de proximidad a la ciudadanía impide a la diputación ser el ente idóneo para tales fines. Muestra evidente es la conformación de otras instituciones intermunicipales como mancomunidades y comarcas, para ofrecer mejor calidad en el servicio a la ciudadanía. Así mismo, considero que otros servicios de un carácter no tan cercano a la ciudadanía (comunicaciones viales, información y estadística) deberían ser asumidos por entes estatales o regionales.

RECURSOS UTILIZADOS

• Fernández Farreres, G. (5, junio 2004). La aplicabilidad de la Ley general de subvenciones a las entidades locales y, en particular, a las diputaciones provinciales de sus competencias de cooperación económica a los municipios. Cuadernos de Derecho Local (QDL) , 7-33.
• Torres Cobas, F. (2, junio 2003). La autonomía local en España en los albores del siglo XXI. Cuadernos de Derecho Local (QDL) , 78-99.
• Zafra Víctor, M. (27, octubre 2011). El debate sobre la supresión o reforma de las diputaciones provinciales en España. Cuadernos de Derecho Local (QDL) , 91-99.
•  http://www.dip-alicante.es/documentacion/dip_presupuesto.asp

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[1] http://www.dip-alicante.es/documentacion/dip_presupuesto.asp